El pasado 19 de diciembre, se celebraron manifestaciones en más de 10 ciudades españolas contra los recortes en I+D+i previstos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Asociaciones y sindicatos representantes de todo el personal de investigación (investigadores, docentes, técnicos, gestores, etc.), reunidos en el movimiento Carta por la Ciencia, expresaban públicamente su desacuerdo con unas medidas que estrangulan el sistema científico-técnico español.

A pesar de la protesta conjunta del colectivo científico, el Parlamento aprobó, gracias a la mayoría absoluta del PP, unos Presupuestos con un nuevo descenso en las partidas destinadas a la investigación científica, desarrollo e innovación que la sitúan en niveles inferiores a 2005. Es absolutamente falso que la I+D+i haya crecido un 5% en los PGE como anunció el Ministro de Guindos hace unos días.

Las consecuencias de los recortes presupuestarios del Estado y de las Comunidades Autónomas desde el año 2009 están a la vista.

Las Universidades ven disminuidos sus ingresos para actividades de investigación, aumentando aún más sus dificultades financieras consecuencia de la asfixia económica de sus CC.AA. OPI y Universidades están sufriendo un sangría continua en sus plantillas, especialmente en el colectivo de los jóvenes. El CSIC, ve amenazado su futuro por un alarmante déficit estructural fruto de los sucesivos recortes. Diversos programas están siendo cancelados o son convocados con retrasos considerables, e incluso cuando lo son, el Ministerio de Hacienda bloquea lo que Economía ya ha resuelto, como ha ocurrido recientemente con los pagos de numerosos proyectos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Sin previo aviso, se han modificado las condiciones de financiación de los proyectos de investigación de la convocatoria del 2012 fijándose en cuatro anualidades con porcentajes que ponen en riesgo su viabilidad y la contratación de nuevo personal.

A todo ello se unen las declaraciones de responsables de proyectos que denuncian las trabas administrativas para su desarrollo, incluso cuando la financiación viene de fondos europeos. Finalmente, la presencia de España en las grandes instalaciones europeas (CERN, ESA, ESFR,…) está en peligro ante la política suicida de recortes. La aprobación, el pasado día 7 de febrero, de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020 y del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 ha supuesto una nueva muestra de la falta de ambición y compromiso del gobierno con la I+D+i al plantear como objetivo alcanzar en el 2020 el 2% del PIB: menos de lo que la media de la UE tiene ya hoy. Con una década de retraso. Además esta previsión se basa en una disminución paulatina de la inversión pública que se verá compensada por un aumento progresivo de la inversión privada. Sin embargo, las propias estadísticas oficiales demuestran que, incluso en un momento de expansión económica, la aportación empresarial a la I+D+i disminuyó. ¿Qué hará ahora cambiar esa situación?¿Qué credibilidad tiene esta previsión?

El Gobierno ha presentado ambos documentos como fruto del consenso y de la participación social, cuando el hecho es que las asociaciones científicas y los agentes sociales sólo pudieron hacer sus observaciones sobre un documento ya elaborado y tanto CC.OO. como UGT dejaron constancia de su rechazo como miembros del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. Las acciones del Gobierno definen un modelo que nos separa cada día más de aquellos países que han demostrado que solo con una financiación creciente y sostenida en el tiempo de las actividades de I+D+i es posible avanzar en la construcción de un sistema económico y productivo fuerte y de un modelo social más sólido y coherente.

El sistema científico español es todavía reciente y es la actual generación la primera que ha tenido un desarrollo profesional con medios vagamente equiparables a los de los países más avanzados. La diferencia es que, en ellos, se han sucedido varias generaciones que han podido desplegar su potencial y crear un sistema científico y técnico sólido. Sin embargo, en España, esa generación, que cuenta con una elevada edad media, ve amenazado su relevo, por el bloqueo del acceso a una situación estable de los jóvenes investigadores y por el creciente desinterés por los estudios científicos y técnicos, ante las nulas expectativas profesionales.

Esta situación llevará a España al colapso. No hay mucho tiempo para la reacción. Todos los trabajadores de la investigación sufrimos estos problemas en Universidades, OPI, Centros Tecnológicos, etc. Debemos expresar con contundencia nuestro rechazo a las políticas suicidas del Gobierno. Tenemos que exigir a los parlamentarios y políticos una rectificación inmediata de las políticas que se están implantando y que llevan a nuestra sociedad a la indignación y a la desesperanza. Los responsables de instituciones universitarias y organismos de investigación deben asumir su responsabilidad y expresar de forma activa su oposición a unas medidas que hacen insostenibles las entidades que dirigen. El Ministro de Economía y Competitividad debe asumir su responsabilidad política por la desastrosa estrategia adoptada por el Gobierno, que ha demostrado que la desaparición de la Investigación en el organigrama ministerial ha supuesto, de facto, la destrucción paulatina del sistema de I+D+i español.

Colectivo Carta por la Ciencia